Cuanto parecía que todo estaba en calma, al menos en superficie, apareció la Resolución N° 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación que revolucionó otra vez a la industria vitivinícola.
En el cuerpo de esta Resolución, Javier Iraeta (Secretario de Agricultura) resolvió diferentes medidas, a saber:
– Dió por extinguido el PEVI 2020 con su ampliación aprobada por la misma Resolución hasta el día siguiente de la publicación del mismo, y dispone el cierre en un plazo máximo de tres meses,
– Requiere un informe de cierre con rendimiento de cuentas (completo y detallado), cumplimiento de los objetivos, estado de los recursos. Todo con respaldo documental.
– Todos los recursos remanentes deberán pasar al patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)
– Estableció la finalización de las contribuciones obligatorias de las bodegas para con COVIAR, así como todo financiamiento público. Por ende, el INV cesará en la recaudación de tales cargas impositivas.
Entró en vigencia a partir de hoy, 6 de Mayo de 2026.
Esto sería el fin de la disputa entre COVIAR y Bodegas de Argentina (Cámara de bodegas), pleito instalado desde hace siete/ocho años que dividió aguas y no permitió crear una estrategia seria y consensuada para crecer en el consumo de vinos, potenciar las ventas externas (que están en franca caída desde 2011) e incluir a productores pequeños de lugares remotos de nuestro país.
Y lo hablo de manera potencial porque las dudas surgen de acuerdo a la respuesta de la Corporación, que no se hizo esperar y rápidamente salió al ruedo.
Hubo errores desde ambos lados, algunos groseros (ej. no participar más de las reuniones de Directorio de COVIAR, retirarse de las decisiones, perpetrarse en el “poder” por parte de algunos empresarios en la COVIAR, y muchas más y de ambos sectores, que no permitieron siquiera mediaciones y que causaron una división aún mayor. A pesar de propuestas para que se aparten empresarios con egos hasta el cielo y que impiden cualquier opinión diferente y que no coincide con su punto de vista.
Ha sido muy difícil.
Retomo que apareció, rápidamente, la respuesta de COVIAR, en donde declara su rechazo por improcedente, inconsulta e inoportuna.
Llaman la atención algunos considerandos del rechazo:
– “Las Cámaras empresarias que integran la COVIAR alertan sobre el impacto negativo…”: ¿Todas, incluso las que no se presentan a las reuniones de Directorio? Lo presentan como si fuera hegemónica la decisión de la respuesta cuando todos saben que además de Bodegas de Argentina hay otros representantes que dejaron de ir. Y lo comento de tal manera, porque a pesar de ello, siguen perteneciendo.
– “En el actual contexto de crisis económica” Falta de reactivación entiendo que sí. ¿Crisis? En la industria, estoy de acuerdo.
– Se convocará con urgencia a reunión de Directorio para tratar la Resolución pues consideran que introduce modificaciones a la Ley
– Solicitan dejar sin efecto la Resolución a fin de “encauzar un proceso de revisión o adecuamiento dentro del marco legal”
Es llamativo que no se haga mención al pedido de revisión de gastos con sus comprobantes respaldatorios (no se ponen a disposición), tema que a su vez se solicita desde hace años por parte de las Cámaras que dejaron de participar (no de pertenecer).
Además de la implicada en el centro del asunto, diferentes voces de la industria se pronunciaron al respecto, por caso el Ministro de Economía y Producción de la provincia de Mendoza señalando que es lógico que se le quiten las contribuciones al bodeguero para algo que no ha funcionado pero que apela a la voluntad de, quien quiera seguir haciéndolo pueda hacerlo. Y que tiene muy en claro el motivo por el que se le sacó la obligatoriedad y dió de baja el Plan, pues no rindió los resultados estipulados en el marco legal.
Sería de entender que las funciones de la Corporación Vitivinícola Argentina quedarían absolutamente acotadas o casi desaparecidas al no tener más financiamiento (privado sobre todo) para su funcionamiento. Pero la acción para dar vuelta a la decisión del Ministerio de Economía por intermedio de la Secretaría de Agricultura parece que no sólo será retórica y habrá una segunda instancia más profunda. Lo que generaría una división aún mayor y retrasos en la gestación de estrategias para el futuro.