Las inclemencias del tiempo en nuestras regiones vitivinícolas son solo una parte a evaluar respecto de las últimas dos cosechas.
Durante el segundo mandato del anterior gobierno nacional hubo decisiones políticas y económicas que incidieron en esos resultados de manera cuantitativa y cualitativa, en desmedro del trabajo de la industria.
A partir del período 2012 fue insostenible la inflación, problema que generó atraso cambiario y los precios dejaron de ser representativos. Limó las estructuras de costos de las empresas, precios FOB inamovibles imposibles de alcanzar.
La falta de competitividad dijo presente.
Colocó a las pequeñas exportadoras en el dilema del precio FOB, que no podría ser menor a la sumatoria de costos. Sólo bodegas con “espalda económico-financiera” pudieron sostener los precios de algunos “entry level” (categoría casi extinta en nuestras exportaciones) para no perder mercados trabajosamente logrados.
Fue una decisión política no atacar la inflación. Travestida de negación para tapar la falta de capacidad para enfrentarla y a su vez lograr mayores recursos para el dispendio.
Con inflación real del 20/25% anual acumulada desde ese año, los aumentos en insumos y mano de obra fueron difíciles de trasladar a los precios del vino. Los propietarios de los viñedos, sumaron a ese flagelo problemas climáticos de las vendimias 2015, 2016 y 2017 y quedaron descolocados para realizar las tareas anuales en sus tierras. Muchos de ellos no llegaron a “disfrutar” el aumento de precios de la cosecha pasada ni la actual.
Con beneficios económicos para unos pocos, pero nocivo para la industria.
La concentración de manos es preocupante.
Argentina comenzó su declive en dólares exportados. Los funcionarios nacionales y provinciales peleaban por negar la realidad.
Algunos explicaron lo relativo que era por el tamaño de las exportaciones. Las ventas representaban solo el 20/25% de la producción, y que por esa razón era mínima su incidencia.
Debiéramos recordar que muchas bodegas, en general pequeñas, exportaban entre el 75 y 90% de su producción. Hoy ya no existen o a duras penas subsisten con enoturismo y ventas esporádicas en el mercado doméstico.
Sumemos los inconvenientes con las licencias automáticas a Brasil, que por desaguisados o malos tratos comerciales desde nuestra Cancillería y Ministerio de Economía dieron como resultado pérdidas de ventas a uno de nuestros principales mercados.
Por supuesto, para perder cantidad de productos exportados a Brasil ayudó el dumping realizado por países europeos para vender sus productos mas baratos. Nunca logramos demostrarlo ni las autoridades se esforzaron por hacerlo.
La salida del programa de preferencias de EEUU para la importación de nuestros vinos sumó centavos de dólar por cada botella ingresada, y fue aún menos rentable. Otra mala negociación de nuestra Cancillería y el Ministerio de Economía y hasta de nuestra Presidente con su par americano.
Otro disloque, ante una consulta por las cada vez mas asfixiantes normativas, controles y despilfarros, a quien fuera ministro de Agricultura de la Nación, que invirtió los roles, que nos tomó examen y preguntó cuál era el total exportado del país (u$s 84 Mil Millones) y cual el de la industria (u$s 1,03 Mil Millones). Por ser tan baja su incidencia en porcentaje (1,23%), minimizó también el inconveniente. Mientras intentamos alcanzarlo en su raid de 100 metros con obstáculos nos preguntamos de cara al espejo si no deberíamos realizar esa división por la cantidad de personas que trabajan de manera directa o indirecta en la industria.
La falta de transporte seguro, rápido, eficiente y económico es otro de los grandes impedimentos, y uno de los motivos centrales de la falta de competitividad, no solo de la vitivinicultura sino de todas las economías regionales. Todos sabemos que transportar mercadería vía terrestre desde Cuyo hasta el puerto de Buenos Aires resulta mas caro que el tramo fluvial desde allí hasta Europa. ¿Planes para reconstruir la red ferroviaria? No hubo. Sólo una maqueta de un paso a Chile para la salida al Océano Pacífico.
Vaya a saber por qué motivo divino, las estadísticas vitivinícolas no fueron manipuladas, aunque en esos años, el resultado de las estimaciones de cosecha, fueron por de pronto desprolijas. ¿Se pretendió influir en los precios de mercado de uvas y vino? Pirotecnia cruzada en un cuasi escándalo en las mayores provincias productoras. ¿Negligencia, ineptitud o la naturaleza? ¿Se debe publicar nuevamente?
Problemas para dilucidar el acuerdo Mendoza-San Juan respecto del cupo de mosto a elaborar, que generó parte del sobrestock vínico en 2015.
En esos años los precios de la uva y el vino no se modificaron. ¿Habrá cartelización en Mendoza? ¿O fue el juego de la ley de oferta y demanda?
La falta de inversión para combatir la lobesia botrana (polilla de la vid). Durante largos años se solicitó atender esa realidad. Se consiguió la ley, pero no los fondos.
Durante el año 2016 el dinero no llegó o lo hizo tarde o fue poco. Hacia finales de Agosto de 2017 se entregan los primeros dispensers de feromonas para la confusión sexual de esta plaga, otro de los causales de la baja en la producción de uvas.
Jamás logramos acuerdos comerciales para ingresar a otros países sin pagar aranceles que encarezcan nuestros productos. Cuando planteábamos estas inquietudes nos decían que estaban trabajando. Países competidores los tienen.
La realidad de los subsidios argentos fueron la lápida para muchos. Felices poseedores de “planes descansar” se quedaban es sus casas, no perdían el beneficio y las empresas no contrataban personal en negro. Final de la historia: no se conseguía quien levantara las uvas.
Nota para recordar: esos planes funcionan desde el año 2002, año de profunda crisis económica y social en nuestro país, ¿pero, tantos años sin creación de empleo? ¿No se redujo la desocupación en esos años? Claro, hubo provincias como Catamarca donde el empleo público fue uno de los pocos generadores de trabajo, donde la incidencia de lo público es muchísimo mayor que lo privado. Y la entrega de mas planes maquillaban las estadísticas.
Estamos todos involucrados en el declive de la vitivinicultura.
Desde el periodismo, fuimos pocos los que alertamos de la situación, y quizás los pocos que lo hicimos, de manera tibia.
Desde los empresarios, porque algunos en privado despotricaban contra las medidas o actitudes de los funcionarios nacionales o provinciales. Pero públicamente no levantaron la voz.
Otros, de sonrisa infinita en eventos políticos de la vitivinicultura, cuando nos acercamos a consultar acerca de la realidad, nos pedía que no lo publicáramos, al margen de negarla con manifiesta obsecuencia.
Era evidente la falta de inversión privada.
Vale recordar, que en el desayuno de la COVIAR 2013, cierra el acto el discurso del Vicepresidente de la Nación. Poco faltó para que los empresarios se pusieran de pie. Aplausos de manera estentórea. Arengó a que la industria siguiera por ese camino, que la exportación era cada vez mayor al igual que el consumo interno, que el Gobierno Nacional hacía el mayor esfuerzo para lograrlo. Ni siquiera se preparó para la alocución.
Hubiéramos preferido que su gobierno se esforzara menos en regular la actividad.
La Resolución 142/2012 del Ministerio de Economía, comandado por el entonces Ministro Hernán Lorenzino, modificó los contratos de venta en el exterior. Una mano entró en los bolsillos de los empresarios, pues debían liquidar sus dólares en la mitad del tiempo estipulado en esos contratos y si eran empresas vinculadas, el plazo era drásticamente menor, bajaba a 15 días.
Esta medida logró frenar las exportaciones, ante la cual hubo que presentar excepciones de manera individual para volver al estado original.
Fueron muchos los padecimientos, no solo climáticos.
Argentina, Importante actor en el contexto mundial, ante tales circunstancias perdió posiciones.
Como consecuencia, durante el último año las tres grandes productoras vitivinícolas del país debieron importar vino. Nada preocupante respecto del total (alrededor del 5,5%), si a su vez se controla el producto con todos los medios que hoy posee el INV.
Para la dirección de las políticas agropecuarias, que se elija a los mejores, que no se politice la actividad ¿Aprenderemos de los 12 años del gobierno anterior, donde en puestos clave se nombró a personajes que trabajaron para la política? Daría la sensación que estamos en el camino.
No repitamos la historia.
La estrategia utilizada para silenciar voces, esconder estadísticas, negar la inflación, abastecer con subsidios innecesarios o sin planes de reconversión, entregar créditos a tasa más baja al promedio del mercado, a empresas que bien podrían haberlos tomado en el extranjero, generar resoluciones disparatadas por la desesperada búsqueda de divisas que ellos mismos despilfarraron, probable cartelización de fuertes empresarios locales, fue un combo letal. ¿Mala praxis? Quizás altanería, ignorancia o arrogancia.
Al menos, diálogo y buena predisposición existen. Solo hasta hace poco menos de dos años era algo impensado. Unos pocos, poquísimos lo practicaban.
La industria no está muerta. Hubo bajas y heridos, pero el plan de reconstrucción parece estar en marcha para que las próximas cosechas no aparezcan con semejante merma, clima mediante.
Para ello también habrá que pensar en modificar alguna ley (por ejemplo la del vino), rediseñar el plan estratégico y pensar que no solo se debe actuar ante urgencias, se deberán sentar bases donde todos los sectores estén involucrados para planificar no solo la vitivinicultura sino todas las economías regionales de los próximos 100 años. La generación del Siglo XIX no se repitió. Deberemos encontrarlos.
El resultado no será instantáneo, el daño fue grave.
Y estamos todos involucrados.